En una medida contundente, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió cancelar la preadjudicación del sistema de grúas y acarreo que implicaba un desembolso de 360 millones de dólares de las arcas públicas y un compromiso contractual de 10 años. Esta decisión, que busca optimizar los recursos y mantener la eficiencia en los servicios, se adoptó considerando el contexto económico actual y la necesidad de revaluar los costos.

A principios de diciembre de 2023, a pocos días del final de la gestión anterior, la Ciudad había preadjudicado este servicio a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario. Sin embargo, el análisis detallado de las condiciones del contrato reveló que se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al gobierno a pagar el costo de operación incluso en ausencia de acarreos.

En este sentido, el gobierno consideró que mantener el servicio bajo esas condiciones no era viable financieramente. “La decisión de dar de baja la preadjudicación se tomó ya que resultaba muy onerosa para la Ciudad y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años”, se explicó desde el Ejecutivo.

Además, desde la convocatoria a la licitación en julio de 2022 hasta la fecha, la Ciudad asumió el control del sistema de grúas y acarreo, absorbiendo a todos los empleados y asegurando su encuadramiento en el gremio de Camioneros. Esto permitió al gobierno garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones y evaluar alternativas más sostenibles.

De tal modo, el servicio continuará siendo gestionado por la Ciudad, a un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en el proceso licitatorio cancelado. En tanto, las autoridades seguirán evaluando las mejores formas de contratación para optimizar el servicio y los recursos disponibles.

Por su parte, Jorge Macri, actual jefe de gobierno porteño, destacó la importancia de esta decisión para el futuro financiero de la Ciudad y la calidad de los servicios prestados. “Ahora, este servicio lo continuará prestando la Ciudad con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado en ese proceso licitatorio”, afirmó.

Asimismo, esta revocación se enmarca en un contexto de ajuste y revisión de los gastos públicos, buscando maximizar la eficiencia y minimizar los impactos económicos negativos. La medida refleja una gestión comprometida con la transparencia y la responsabilidad fiscal, priorizando el bienestar de los ciudadanos y la sostenibilidad económica.

Además, esta decisión permite al gobierno explorar nuevas opciones de contratación que se alineen mejor con las capacidades financieras actuales y los estándares de servicio deseados. En la misma línea, se continuará con la revisión de otros contratos y servicios para asegurar que se obtengan las mejores condiciones posibles para la Ciudad.